Debido a la pandemia a escala mundial, en Chile la nueva ley de Migraciones ha tomado una gran relevancia. El objetivo por parte del Senado es actualizar la legislación sobre extranjería. El debate se ha tornado controversial. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM), en Chile hay 1.492.522 personas extranjeras hasta el 31 de diciembre del año 2019 y 30 % son venezolanos.
El tema más discutido es el “turismo laboral”, el cual consiste que las personas que viajan a Chile tengan la posibilidad de hacer la solicitud de un permiso para buscar trabajo durante 90 días, sin embargo, si esto prospera, el gobierno ingresará un veto presidencial.
¿Qué busca la normativa?
Dentro de esta normativa, ellos establecen el deber del Estado de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria.
Asimismo, presentan como principios la igualdad de los extranjeros ante la ley y su no discriminación; el interés superior del niño, niña y adolescente; la existencia de un procedimiento migratorio informado; y la integración e inclusión de los extranjeros dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, y así, fomentar la interculturalidad.
Otro de los aspectos, tomado en cuenta es reconocer el derecho al libre desplazamiento, la no discriminación y la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud de ingreso o un permiso de residencia en el país.
«Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore su tramitación», relata el texto discutido por el Senado.
El gobierno en rechazo
Ante el gran debate que se ha presentado, el Gobierno hizo la entrega a los parlamentarios del Senado de una minuta, como forma de rechazar la figura del «turismo laboral», de acuerdo a los fundamentos presentados, ellos indican que esto fomenta la inmigración de personas en precarias condiciones, el desorden migratorio y, por lo tanto, esto genera la pérdida de empleos para los chilenos.
Igualmente, afirman que, al impulsar la inmigración ilegal, a través del «efecto llamada», esto teniendo como base la propuesta de la Comisión de Hacienda, las personas extranjeras que se encuentren en situación irregular o tramitación de residencia pendiente podrán dentro del plazo de 90 días contados a partir de la presente ley solicitar un visado de residencia temporaria sin ser sancionados. Ellos aseveran de manera categórica que tiene efectos nocivos para la migración en el país.
